Por José Antonio ArtusiComo corolario de un proceso inconsulto, improvisado, caprichoso e inconsistente desde el punto de vista urbano y ambiental, el gobierno ha anunciado una obra con una inversión extraordinaria (100 millones de pesos) para concretar un proyecto que consta básicamente de los siguientes elementos:
- Un puente sobre el riacho Itapé, a la altura de la defensa Sur.
- Un portal de acceso.
- Un camino, desde el puente, hacia el otro lado de la isla, que se transforma en una costanera sobre el brazo de la China (frente a Camba Cuá) hasta el faro de la Stella Maris.
- Un par de pequeñas playas con sus respectivos paradores, Norte y Sur, con frente al río Uruguay.
- Un museo y sala de exposiciones en proximidades de la Stella Maris.
- Obras de protección de playas y del espigón de la Stella Maris.
La obra se financia con un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, y ya está adjudicada por Vialidad provincial a una empresa constructora local.
¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para justificar la obra? Intentaré resumirlos en 3 aspectos:
- La ciudad necesita recuperar su contacto con el río; con playas degradadas, sin costanera como otras ciudades hermanas, con un borde costero eminentemente portuario, los uruguayenses lo tenemos lejos al río y corremos el riesgo de quedarnos sin playas. Esta obra permitiría “dotar a la ciudad de un frente costero sobre el propio río Uruguay”.
- El crédito está direccionado a esta obra y no se puede utilizar para otra cosa; o lo tomamos o "la plata se va para otro lado".
- El proyecto es la única manera de volver a posicionarnos como un atractivo turístico que tiene a las playas como uno de sus ítems principales.
Los 3 argumentos, si bien tienen al menos algún punto en el que son válidos, esconden numerosas falacias que es preciso desenmascarar, y que en el debate desordenado y maniqueo que prima por estos días, rara vez aparecen.
- Es absolutamente cierto que la ciudad necesita recomponer su relación con el borde ribereño, y que últimamente hemos vivido un poco de espaldas al río, pero ello no es sólo por culpa del puerto y de la naturaleza: no pueden obviarse al menos 4 factores, de los que los sucesivos gobiernos municipales deberán hacerse cargo:
o La degradación del Balneario Banco Pelay, no sólo por la falta de inversiones como producto de su carácter inundable, sino por la absoluta falta de un proyecto de desarrollo turístico a largo plazo para el área, y por administraciones indolentes que permitieron su decaimiento y hasta la pérdida de su prestigio.
o La degradación del Balneario Itapé y su área circundante, por todo lo dicho a propósito de Banco Pelay, más la contaminación de sus aguas por la falta de una planta de tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad. Vale la pena recordar, porque quizás sobre todo los más jóvenes lo desconocen, que el proyecto original de la Defensa Sur incluía una planta compacta de tratamiento de líquidos cloacales, que hubiera permitido sanear las aguas del Balneario.
o Sobre la decadencia de la Costanera Norte sobran palabras… Basta recordar, para los que tenemos algunos años, lo que era el Parador de la Salamanca y sus bungalows; y compararlo con las ruinas actuales. Dirán que faltaban muchas cosas, que los bungalows eran chiquitos, que no había playa… Pero toda la zona tenía (y sigue teniendo) un potencial enorme como área verde de esparcimiento de acceso público, y un gran valor paisajístico.
o Buena parte del borde costero es inaccesible para el público porque los clubes náuticos de la ciudad han protagonizado – con la complicidad del municipio – un proceso de ocupación y de uso del suelo absolutamente inadecuado, que atenta contra los más elementales preceptos urbanísticos y aún contra el Código Civil. La última perlita de este proceso de degradación de la ribera es la construcción de un enorme y espantoso mamotreto de chapa destinado a albergar lanchas que obstruye las visuales hacia el arroyo, al lado del cual el cartel publicitario de una empresa de seguros invita a “disfrutar el paisaje”…Sería francamente jocoso, si no fuera que sucede en nuestra propia ciudad.
- Es obvio que a esta altura del partido, con un crédito otorgado, con un contrato firmado, es difícil revertir el destino de los fondos; en todo caso la responsabilidad es de quienes avanzaron de manera absolutamente inconsulta (hasta los concejales desconocían el proyecto). De todos modos, como intentaremos demostrar, debería ser factible revisar algunas cuestiones del programa de necesidades de la obra, sin afectar el monto final ni el carácter de vinculación física con la Isla del Puerto.
- El tercer argumento que se esgrime es peligroso; es una especie de justificación de la decadencia de las demás playas, y podría llevar a su absoluta ruina y decadencia. Concepción del Uruguay tiene población y potencial de recepción de turistas como para tener muchas y hermosas playas; Paso Vera, Banco Pelay, La Toma , Camba Cuá, el Balneario Itapé; y quizás, las playas de la Isla del Puerto. Hay que cuidarlas y jerarquizarlas a todas. No nos resignemos a perder el Balneario y las demás playas.
El proceso decisorio que caracterizó el avance de esta idea no ha podido ser más desafortunado. Sus principales déficits, difícilmente rebatibles, han sido los siguientes:
- Falta de criterios de priorización de la obra frente a otras necesidades (agua potable y saneamiento, vivienda, etc.)
- Falta de protagonismo del municipio en la génesis del proyecto.
- La absoluta desconexión entre las distintas oficinas del Poder Ejecutivo Provincial.
- Falta de articulación con un plan de ordenamiento territorial y uso del suelo del borde costero y con un plan integral de desarrollo urbano, que por otra parte no existen.
- Falta de participación ciudadana; concepto que parece bueno para un “presupuestito participativo” en el que los vecinos deciden en qué invertir $ 25.000, pero parece ser un delirio de opositores empedernidos cuando hay que decidir en qué se invierten 100 millones de pesos.
- Falta de información pública.
- Falta de análisis de costo – beneficio que justifiquen la inversión y el carácter de la obra.
- Falta de criterios de planificación para determinar el programa de necesidades, evaluando racionalmente distintas alternativas.
- Inadecuado sistema de definición del diseño del proyecto, vinculado a la licitación de la construcción de la obra y descartando la alternativa de los concursos.
- Falta de consideración por parte de los proyectistas de la isla como un todo, y del impacto mutuo entre la isla y la ciudad al concretar la vinculación física.
- Falta de consideración del carácter de área natural protegida de la isla del puerto.
- Absoluta indefinición del impacto de la obra sobre el sector Sur de la isla, aguas abajo del puente.
- Falta de definición de un marco normativo de regulación del uso del suelo en el ámbito de la isla, sobre todo en las áreas no ocupadas por la traza del proyecto.
- Falta de un plan de gestión ambiental para el conjunto de la isla, incluyendo al menos la protección de la flora y la fauna, la gestión integral de los residuos, el servicio de agua potable y saneamiento, etc.
- Falta de claridad sobre los criterios a utilizar para expropiar tierras.
Las consecuencias de todas estas falencias están a la vista. Ha sido el propio gobierno, con sus errores y sus caprichos, con su tozudez y sus silencios, el que ha fogoneado las sospechas y las suspicacias. Ha sido el propio gobierno el que se ha empecinado en ponerse a sí mismo palos en la rueda para avanzar en este proyecto. Por eso, hoy en vez de tener un proyecto legitimado por la participación social y avalado por la fundamentación técnica de todas las disciplinas involucradas, tiene un proyecto rengo, con un programa de necesidades inadecuado, diseñado ignorando variables fundamentales, sospechado y criticado por algunos y apoyado a ciegas por otros, sólo porque a caballo regalado no se le miran los dientes, porque hay que dejarse de embromar, porque los arquitectos también se oponían a la torre de los bioquímicos (y tenían razón, pero ese es otro tema…), y porque los poderes ejecutivos están para eso, para ejecutar.
Hoy el proyecto adolece de varios y graves problemas:
- Por decisión de la Secretaría de Medio Ambiente, la certificación ambiental otorgada, imprescindible para el avance del financiamiento, está vinculada a la necesidad de expropiar la totalidad del territorio isleño. Las dudas que surgen al respecto son enormes; la provincia está dispuesta a invertir lo que hay que invertir para transformar a toda la isla en una verdadera área natural protegida? Será factible que el Estado provincial o municipal, que no puede siquiera controlar los mini basurales en la ciudad, controle y administre cientos de hectáreas en una isla?
- El proyecto, tal como surge del programa de necesidades adoptado, también despierta muchas dudas: qué sentido tiene edificar un portal de acceso de dudosa impronta historicista que no tiene ninguna función? Qué sentido tiene un museo y una sala de exposiciones en medio de una isla, por añadidura declarada área natural protegida? Es razonable plantear el camino y la costanera con la traza y la cota adoptada por los proyectistas? No se evaluaron otras alternativas, tanto de cota como de traza, con sus pros y sus contras? Qué criterios se utilizaron para adoptar finalmente el diseño desarrollado? Por qué se descartó que el camino avance hacia el sector sur de la isla? 100 millones de pesos para lograr sólo 500 metros de playas no parece ser una ecuación razonable; no se analizaron alternativas de una extensión mayor de playas, en base a qué criterios se dimensionaron y se ubicaron las playas?
- No se previó una adecuada vinculación del proyecto en sí mismo con el resto del territorio de la isla. Si se lo diseñó pensando sólo en una expropiación parcial, qué se pensó que puede pasar en el resto de las parcelas, en manos de privados?
- No está adecuadamente prevista la adecuación del proyecto a la legislación ambiental vigente.
A esta altura de las circunstancias, con un debate obnubilado y distorsionado por la propia impericia del gobierno provincial y municipal, con un contrato firmado, es el propio gobierno el que ha generado obstáculos para revisar algunos criterios y volver sobre algunos pasos erróneos. De todos modos, como un aporte constructivo, planteo algunas ideas preliminares, que, de ser convocado, con mucho gusto me comprometo a profundizar ante las autoridades competentes:
- La Municipalidad de Concepción del Uruguay y la Provincia de Entre Ríos deberían firmar un convenio tendiente a la conformación de una Unidad de Planificación y Gestión, encargada de revertir la desconexión hasta ahora existente entre municipio y provincia, y entre las diversas oficinas provinciales entre sí. Esta Unidad de Planificación y Gestión debiera ser un organismo ágil y no burocrático, encargado sólo de articular acciones entre diversos organismos, que no perderían sus propias competencias administrativas. Podría convocarse a los colegios profesionales y a las universidades con asiento en la ciudad a formar parte de esta oficina, que a su vez debería convocar a diversas organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar. La Unidad de Planificación y Gestión debiera divulgar rápida y ampliamente toda la información que se genere en torno al proyecto.
- La Unidad de Planificación y Gestión debiera convocar en un plazo perentorio a un concurso nacional para elaborar por parte de equipos interdisciplinarios un plan maestro de ordenamiento territorial del borde costero de Concepción del Uruguay, desde Paso Vera hasta la desembocadura del Arroyo de la China , y desde el Río Uruguay hasta el riacho Itapé y el Arroyo Molino, priorizando el libre acceso del público a las zonas ribereñas (hay un antecedente muy valioso en San Fernando, Provincia de Buenos Aires). Este plan de ordenamiento territorial debería incluir normas de uso del suelo y un conjunto de programas y proyectos, que podrían ir concretándose luego en el mediano y largo plazo de manera coherente. Este plan debiera a su vez articularse con la reformulación o actualización del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay.
- En línea con el punto anterior, la Unidad de Planificación y Gestión debiera convocar a un concurso nacional de ideas y anteproyectos para dotar a la ciudad de un frente costero sobre el río Uruguay en la Isla del Puerto, respetando el monto máximo del presupuesto de la obra contratada. Las bases del concurso debieran contar con un programa de necesidades que surja de una instancia rápida de planificación participativa. Si se me convocara a participar de esa instancia, yo diría esquemáticamente: menos portal de acceso (para eso está el Palacio) y “museos” (para eso está el centro de la ciudad) y más costanera, más playas, y más área natural protegida en serio. El diseño y la gestión de las playas deberían cumplir las normas más exigentes en materia de calidad ambiental. El camino costero debería unir los dos extremos, Norte y Sur de la Isla , para dar acceso de manera ordenada a todas las parcelas. Debería incluirse taxativamente un plan de manejo ambiental, incluyendo la infraestructura de agua potable y saneamiento y la adecuada gestión integral de los residuos domiciliarios que allí se generen; así como el equipamiento necesario para la gestión de la preservación del ambiente (puestos para guardaparques, instalaciones para control de calidad del agua y el aire, etc.)
- En consonancia con lo anterior, la Unidad de Planificación y Gestión debiera proponer una normativa específica de uso del suelo para el conjunto del territorio de la isla, que debiera luego transformarse en ordenanza y en ley provincial; teniendo en cuenta el carácter de área natural protegida de la isla. En este sentido, quizás convenga revisar el criterio de expropiación total, por el de expropiación parcial, limitada a lo necesario para el camino que une el puente con el otro lado de la isla, y una franja costera sobre el brazo de la China para permitir la costanera. Para evitar el peligro de la especulación inmobiliaria, y para impedir la apropiación por parte de privados de la plusvalía o renta extraordinaria que se generaría como consecuencia de la inversión pública se debería regular de manera estricta el uso del suelo (prohibiendo refular por encima de determinada cota, prohibiendo desmontar, prohibiendo la introducción de especies exóticas, prohibiendo determinado tipo de construcciones y materiales, limitando alturas, regulando el FOS y el FOT, limitando usos a actividades como el ecoturismo, producciones orgánicas, etc.), y a su vez imponiendo un gravamen razonable a modo de contribución por mejoras en compensación parcial por el costo de algunos de los componentes del proyecto; por ejemplo el camino costero al sur del puente; además de cobrar en el futuro alguna tasa por los servicios públicos prestados destinada a solventar el cuidado del ambiente. Expropiar y pasar al ámbito del Estado los inmuebles no siempre es garantía de protección y de preservación del ambiente; por el contrario, muchas experiencias exitosas de cuidado del patrimonio tanto natural como cultural, en Europa y América Latina, pasan por adecuadas articulaciones entre una estricta regulación y controles por parte del Estado y gestión por parte de privados.
No escribo estas líneas para poner palos en la rueda ni para oponerme a todo porque sí. Sólo me motiva la obligación que siento de contribuir, serenamente, con al menos algunas ideas a un debate que debió haberse dado hace rato, que no es mi responsabilidad convocar, que reclamé en la medida de mis posibilidades, y que no puede reducirse a la absurda opción entre aplausos incondicionales, acríticos y alcahuetes u oposiciones cerradas e irreductibles. Escribo estas líneas con respeto, y de buena fe, apostando a que todos opinemos de la misma forma, sin descalificarnos a priori.
Si se me convoca a participar en serio y no meramente a escuchar lo que otros decidieron previamente, allí estaré, como he estado siempre, cada vez que se me convocó. De lo contrario, cada uno hará lo que crea más conveniente, pero seguramente, se haga o no se haga la obra, habremos perdido una oportunidad histórica.-
Foto: Valentín Bisogni
