SAQUEO A LA CIUDAD

Por Esteban Agüero
He leído y escuchado a través de algunos medios las noticias sobre la evolución del trámite de iniciativa privada para la construcción del nuevo edificio de la terminal de ómnibus y algunas cosas me llamaron la atención.
Lo más llamativo es la pasividad de la comunidad, llamensé fuerza vivas o.n.g., asociaciones o ciudadano común ante lo que se está por cometer.
Lo otro que me llamó poderosamente la atención es la tibieza de los comunicados o declaraciones de algunos partidos de la oposición en el sentido de denunciar el atropello pero no generar acciones para evitarlo.
También me llamó la atención, pero tal vez por un desconocimiento de la ordenanza de iniciativas privadas, el que los concejales no hubiesen dicho: esta iniciativa no es de interés del municipio. Repasemos a ver si estoy equivocado: A cambio de la construcción de una nueva terminal en el terreno de un amigo, que no contempla la accesibilidad para nadie: ni empresas de micros ni usuarios. Que no tiene accesibilidad urbana: No hay calles pavimentadas ni agua ni cloacas y nadie habla sobre quien va a asumir ese costo. Piden y el municipio les otorga, los dos mejores terrenos que posee la ciudad por su emplazamiento y por su ubicación: La manzana de la actual terminal de ómnibus ( en propiedad) y el mercado municipal (por 50 años) con todo lo clavado y plantado, incluyendo a sus inquilinos (que no sé si lo sabrán).
Yo me he planteado la hipótesis de presentar por vía del absurdo una iniciativa privada para la construcción de una cervecería en uno de los canteros de la plaza Ramírez y un parque con juegos para los chicos dentro de la plaza. Con el mejor diseño, el mejor equipamiento, con todo lo que se pueda considerar hoy de excelencia para una cervecería y un parque infantil. Y me preguntaba si el Concejo Deliberante la tomaría igual que tomó la iniciativa de la Terminal : ver si tiene todos los papelitos, hacer todo el trámite formal para luego llamar a una licitación pública para que todos aquellos a los que le pudiera interesar esta iniciativa, se puedan presentar. O directamente el Concejo diría: Esto no es de interés de la ciudad así que la rechazamos sin más trámite. Lo lógico sería que dijera eso, como también debería haberlo dicho cuando se presentó la iniciativa privada de Entretenimientos de la costa. ¡Y en la forma en que se presentó!: 1 hoja y media escrita, dibujos de estudiantes y una promesa de configurar una UTE. Y todo el Concejo se abocó a su tratamiento sin cuestionar en ningún momento si era de interés para la ciudad.
Y la verdad es que esta iniciativa privada es un saqueo a la ciudad y un atropello a sus habitantes y en el momento de la presentación en el Concejo Deliberante, mas allá que haya venido acompañada por las autoridades provinciales y el cómico Listorti como presentador, se debería haber rechazado no solamente porque el emplazamiento es totalmente inadecuado, sino porque es leonino el precio a pagar. Evidentemente la presión del poder es muy importante al momento de tener que decir que no.
Este tema lo vengo siguiendo desde al año 2005 en que surgió por primera vez y sobre el que emití mi opinión (diario La Calle fines de junio principios de julio de 2005).
El camino lógico para tomar una decisión sobre el lugar mas conveniente para la ubicación de la nueva terminal de ómnibus es establecer algunas premisas o criterios sobre qué situaciones se deberían tener en cuenta para dar una respuesta adecuada. Yo pienso que premisas para la localización del terreno deberían ser en primer lugar de facilidad de acceso para el usuario y en segundo lugar para el transporte.
Aquí me interesa desmitificar eso que hay empresas que no entran a la ciudad porque está lejos la terminal (uno de los argumentos mas fuertes del gobierno municipal para producir el traslado.) La verdad es que los micros no entran porque no son como el tren lechero que para donde le levanten la mano. La empresa Singer, por dar un ejemplo, no va entrar a la ciudad para ver si hay alguien que quiera viajar a Misiones, y ni aunque la terminal estuviere en la ruta. Las empresas tienen ya establecidos los lugares donde pueden o deben entrar en los contratos de concesión de las rutas ante el Ente Nacional que regula el transporte público.
Otra premisa sería tratar de unificar el sistema ferroviario con el sistema vial, para lo cual el Estado tiene terrenos disponibles, que tendrían costo cero. Repito: 0.00$ porque son terrenos del Estado en gestión de traspaso para la Municipalidad y mucho mejor ubicados. Y los cito: Toda la tira de terrenos de ferrocarril sobre Bv. Yrigoyen ubicado en la intersección de dos vías principales. El otro terreno es la intersección de Bv. 12 de Octubre y tránsito pesado, en los terrenos que allí también tiene el ferrocarril. Y a 10 cuadras de la plaza Ramírez, con todos los servicios de infraestructura ambos terrenos, y como lo dije anteriormente sin costo para el municipio.
Lo otro que se debería hacer es un estudio serio de ingreso y egreso de micros para resolver cuantas dársenas se necesitan. Cuanto espacio para boleterías, etc., etc. Eso que en los concursos de arquitectura se llama programa de necesidades, con un exhaustivo detalle de todos los elementos necesarios y las superficies estimadas a disponer para cada una de ellas.
Y ya habiendo llegado a este punto, habiendo decidido el terreno, cuales van a ser las vías de ingreso y egreso de la ciudad, se debería llamar a un concurso de anteproyectos y elegir el mejor proyecto, para la mejor ubicación.
Pero para todo esto es necesario que la actual entrega del patrimonio de la ciudad a cambio de algo que nadie sabe en que consiste ni fue solicitado ni pedido por la comunidad, sea vuelto para atrás.
No sé en manos de quien estará esta decisión, pero sí creo que es imperioso hacerlo.
Deseo que aquellos que hoy tienen en sus manos esta decisión sean concientes del daño que le están causando a la ciudad.
22 de marzo de 2010.
Arq. Esteban R. Agüero

LAS JOYAS DE LA ABUELA

Por Esteban Agüero
Antes de entrar en el tema propiamente dicho creo oportuno aclarar que mis opiniones están siempre regidas por una visión de ciudad, mi visión, producto de muchos años de estar trabajando en el tema planificación.
Muchos dirán que qué se hizo en tantos años en materia de planificación y probablemente tengan una parte de razón. Porque lo cierto es que ningún gobierno municipal tuvo nunca una real intención de trabajar sobre la planificación de la ciudad y con planificación no me refiero a esos grandes anuncios rimbombantes como Plan Director, Plan estratégico, Plan de ordenamiento, plan de desarrollo y muchos etc., mas que se podrían agregar. Nunca tuvieron ni siquiera la intención de planificar algo tan importante como los accesos a la ciudad o los desagües pluviales y lo cierto es que en esas condiciones de trabajo todo lo que se pudiera opinar iba a parar en el mejor de los casos a una caja de archivo. (Esta ciudad, desde 1974 ya va por su 6º Plan urbano, pagado por el Consejo Federal de Inversiones: CFI.)
Dicho esto, también me parece oportuno decir que dentro de esa visión he apoyado iniciativas privadas como la de Bahía Salamanca, Los bungalows del Yacth Club debajo de la barranca de la salamanca y el Puerto Norte en la zona de las balandras o del “lobope”, porque son zonas del estado Nacional o municipal sin ningún uso inmediato ni futuro, muy deterioradas y en las que la inversión privada las iba a revitalizar. Se podrá argumentar, como se argumentó, que se le quitaría las visuales del río a la ciudad, que el ciudadano común se vería privado de su disfrute, pero en realidad los proyectos contemplaban en todos los caso el paseo ribereño libre y gratuito. Esos proyectos, que lamentablemente no se concretaron hubieran mejorado notablemente nuestro perfil costero, pero fundamentalmente no perjudicaban a nadie y no se daba la propiedad. El estado seguía siendo siempre dueño de los terrenos.
Sí me he opuesto a la obra de la costanera sobre la isla del puerto porque, y la realidad lo ha demostrado, sólo será un dique con un camino de coronación a ninguna parte y con la imposibilidad de hacer construcciones ya que, como lo mostró esta creciente, habría que agregar 5m3 de relleno por cada m2 de terreno, algo totalmente imposible, irreal y antieconómico, con el agravante que cuando se quisiera pedir un subsidio para mejorar lo único que tenemos medianamente consolidado y en proceso de abandono como es Pelay y paso Vera, tendríamos, al momento de gestionar una ayuda económica, como una pesada carga los malgastados ¡¡¡100.000.000$!!!.
Dicho esto me voy a referir a la terminal de ómnibus.
La terminal de ómnibus es un caso totalmente distinto: Primero porque todo lo existente se podría poner en valor nuevamente con poco dinero en relación a la tremenda inversión que ya hay hecha allí, sin considerar el valor del terreno,. Segundo porque el traslado de la terminal requiere de una serie de estudios urbanísticos y de transito para poder resolver el mejor lugar de la misma para los usuarios por varios años, tarea ésta que desde que se empezó a hablar de ello no se ha hecho y de esto ya hace mas de 4 años, lo cual pone en evidencia lo dicho anteriormente sobre la falta de voluntad política de planificar.
Me parece oportuno aquí transcribir una carta a redacción enviada a un diario local en la cual cuestiono justamente el mal uso que se pretende hacer con los bienes de la Ciudad y que me parece importante para que se entienda mi razonamiento:
La ciudad: ¿Bien de uso o negocio inmobiliario?
He leído con profunda preocupación el artículo aparecido en vuestro diario el día 20 de febrero, referido a la aprobación del pliego de licitación para la refacción del hotel de la terminal de ómnibus. Específicamente las palabras del Dr. Carrozo que transcribo textualmente:”Carrozzo señaló que al Municipio le interesa tener una terminal nueva, entonces con esa cláusula se puede pedir un canje o contraprestaciones. Eso significa que a quien le interese el hotel o el predio y ofrezca hacer una terminal nueva, en contraprestación por las sumas que se manejen puede pedir la entrega de los bienes en la manzana donde está el complejo, sin perder el fin de rehabilitar básicamente el hotel.
Ya en un artículo anterior referido a la terminal de ómnibus, específicamente del día 24 de julio del 2005, remarqué el impacto que su localización genera en la ciudad a raíz de rumores que ya se hacían oír.
La decisión de construir una terminal nueva no puede ser un negocio inmobiliario en el cual una Institución, una Sociedad Anónima o un particular interesado le proponga graciosamente al municipio quedarse con la manzana y todo lo en ella plantado a cambio de construir una terminal en otro lado.
Es algo que afecta y concierne a toda la comunidad, que hace a la planificación de la ciudad, que involucra a otros medios de transporte como es el ferrocarril, que tiene que estar minuciosamente planificada. Y no puede ser por lo tanto una decisión arbitraria como es esa cláusula.
Agradezco desde ya su publicación. 22 feb. 06.
Esto es lo que me da pie al titulo de la nota: La manzana de la terminal y el mercado municipal son unas de las últimas “joyas de la abuela” que le quedan al municipio para enajenar dado que los promotores de la iniciativa privada solicitan la PROPIEDAD DE LA MANZANA de la Terminal y 50 AÑOS por el Mercado.
La sociedad debería reaccionar ante esto que es un avasallamiento a sus habitantes ya que no existe, al igual que con el puente a la isla, un pedido expreso de la comunidad. Sí es cierto que ha sido harto criticada la Terminal por el estado en que se encuentra, independientemente de que uno pueda pensar que hay una intención de dejar que todo se caiga para que la sociedad reclame. Pero ello no implica que se tenga que regalar a cualquiera que aparezca con unos espejitos de colores como es lo que le están vendiendo a la ciudad.
También es cierto que algunos comunicadores contribuyen a ello cuando dicen a través de sus medios: “Yo quiero una costanera para Uruguay, no se donde” o “Yo quiero una terminal nueva para Uruguay, no se donde”.
La terminal y el hotel son perfectamente recuperables sin tener que buscar mesías salvadores.
Lo del Mercado, aparte que debería ser considerada como OTRA iniciativa privada y no como una sola, ya que son dos proyectos distintos, ha sido siempre una presa codiciada por los inversores privados. Desde hoteles 4 estrellas a centros comerciales han prometido quienes en cada administración municipal se han presentado para hacerse cargo de ese espacio en pleno centro de la ciudad.
Los actores políticos y sociales, las entidades intermedias, los colegios profesionales, deberían tomar debida nota de lo que se está por hacer en esta ciudad, su ciudad, y discutir seriamente cual debería ser el destino de los bienes municipales en general y de estos dos en particular, para que no se siga enajenando el patrimonio de la ciudad.
Por último, quiero cerrar esta nota con unas palabras del Dr. Poggiese, que creo que fue quien mejor interpretó la idiosincrasia de esta ciudad, escritas en su informe preliminar del 4º plan urbano en 1995 (el 5º es el PECU y el 6º recién nos venimos a desayunar en las palabras del Arq. Federik que en la ciudad de Paraná lo están elaborando con una total prescindencia de quienes deberemos soportarlo):
“Respecto a las posibilidades de formalizar legalmente los avances en la formulación de un plan urbano deben ser evaluadas algunas tendencias históricas y algunos procesos coyunturales que han signado a esta ciudad:
· Una preferencia conservadora respecto a lo normativo, que rechaza la innovación.
· Cierta resistencia a aceptar que la vida urbana se complejiza y tratarla como si fuera simple, muchas veces con improvisación.
· La fragmentación de la insuficiente normativa urbanística local, que además de ser repetitiva y superpuesta sobre un escaso número de asuntos, presenta bajos niveles de coherencia y deficiencias serias en su calidad como normativa jurídica.
“Estas tendencias perduran todavía... pero ciertamente deberán ceder en un futuro mediano plazo cuando las evidencias de la improvisación y la falta de respuestas sean intransferibles a las responsabilidades de otros”.
Más claro imposible.

Esteban Agüero

El derecho a la ciudad y al río

Por José Antonio Artusi
Como corolario de un proceso inconsulto, improvisado, caprichoso e inconsistente desde el punto de vista urbano y ambiental, el gobierno ha anunciado una obra con una inversión extraordinaria (100 millones de pesos) para concretar un proyecto que consta básicamente de los siguientes elementos:
- Un puente sobre el riacho Itapé, a la altura de la defensa Sur.
- Un portal de acceso.
- Un camino, desde el puente, hacia el otro lado de la isla, que se transforma en una costanera sobre el brazo de la China (frente a Camba Cuá) hasta el faro de la Stella Maris.
- Un par de pequeñas playas con sus respectivos paradores, Norte y Sur, con frente al río Uruguay.
- Un museo y sala de exposiciones en proximidades de la Stella Maris.
- Obras de protección de playas y del espigón de la Stella Maris.
La obra se financia con un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, y ya está adjudicada por Vialidad provincial a una empresa constructora local.
¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para justificar la obra? Intentaré resumirlos en 3 aspectos:
- La ciudad necesita recuperar su contacto con el río; con playas degradadas, sin costanera como otras ciudades hermanas, con un borde costero eminentemente portuario, los uruguayenses lo tenemos lejos al río y corremos el riesgo de quedarnos sin playas. Esta obra permitiría “dotar a la ciudad de un frente costero sobre el propio río Uruguay”.
- El crédito está direccionado a esta obra y no se puede utilizar para otra cosa; o lo tomamos o "la plata se va para otro lado".
- El proyecto es la única manera de volver a posicionarnos como un atractivo turístico que tiene a las playas como uno de sus ítems principales.
Los 3 argumentos, si bien tienen al menos algún punto en el que son válidos, esconden numerosas falacias que es preciso desenmascarar, y que en el debate desordenado y maniqueo que prima por estos días, rara vez aparecen.
- Es absolutamente cierto que la ciudad necesita recomponer su relación con el borde ribereño, y que últimamente hemos vivido un poco de espaldas al río, pero ello no es sólo por culpa del puerto y de la naturaleza: no pueden obviarse al menos 4 factores, de los que los sucesivos gobiernos municipales deberán hacerse cargo:
o La degradación del Balneario Banco Pelay, no sólo por la falta de inversiones como producto de su carácter inundable, sino por la absoluta falta de un proyecto de desarrollo turístico a largo plazo para el área, y por administraciones indolentes que permitieron su decaimiento y hasta la pérdida de su prestigio.
o La degradación del Balneario Itapé y su área circundante, por todo lo dicho a propósito de Banco Pelay, más la contaminación de sus aguas por la falta de una planta de tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad. Vale la pena recordar, porque quizás sobre todo los más jóvenes lo desconocen, que el proyecto original de la Defensa Sur incluía una planta compacta de tratamiento de líquidos cloacales, que hubiera permitido sanear las aguas del Balneario.
o Sobre la decadencia de la Costanera Norte sobran palabras… Basta recordar, para los que tenemos algunos años, lo que era el Parador de la Salamanca y sus bungalows; y compararlo con las ruinas actuales. Dirán que faltaban muchas cosas, que los bungalows eran chiquitos, que no había playa… Pero toda la zona tenía (y sigue teniendo) un potencial enorme como área verde de esparcimiento de acceso público, y un gran valor paisajístico.
o Buena parte del borde costero es inaccesible para el público porque los clubes náuticos de la ciudad han protagonizado – con la complicidad del municipio – un proceso de ocupación y de uso del suelo absolutamente inadecuado, que atenta contra los más elementales preceptos urbanísticos y aún contra el Código Civil. La última perlita de este proceso de degradación de la ribera es la construcción de un enorme y espantoso mamotreto de chapa destinado a albergar lanchas que obstruye las visuales hacia el arroyo, al lado del cual el cartel publicitario de una empresa de seguros invita a “disfrutar el paisaje”…Sería francamente jocoso, si no fuera que sucede en nuestra propia ciudad.
- Es obvio que a esta altura del partido, con un crédito otorgado, con un contrato firmado, es difícil revertir el destino de los fondos; en todo caso la responsabilidad es de quienes avanzaron de manera absolutamente inconsulta (hasta los concejales desconocían el proyecto). De todos modos, como intentaremos demostrar, debería ser factible revisar algunas cuestiones del programa de necesidades de la obra, sin afectar el monto final ni el carácter de vinculación física con la Isla del Puerto.
- El tercer argumento que se esgrime es peligroso; es una especie de justificación de la decadencia de las demás playas, y podría llevar a su absoluta ruina y decadencia. Concepción del Uruguay tiene población y potencial de recepción de turistas como para tener muchas y hermosas playas; Paso Vera, Banco Pelay, La Toma , Camba Cuá, el Balneario Itapé; y quizás, las playas de la Isla del Puerto. Hay que cuidarlas y jerarquizarlas a todas. No nos resignemos a perder el Balneario y las demás playas.
El proceso decisorio que caracterizó el avance de esta idea no ha podido ser más desafortunado. Sus principales déficits, difícilmente rebatibles, han sido los siguientes:
- Falta de criterios de priorización de la obra frente a otras necesidades (agua potable y saneamiento, vivienda, etc.)
- Falta de protagonismo del municipio en la génesis del proyecto.
- La absoluta desconexión entre las distintas oficinas del Poder Ejecutivo Provincial.
- Falta de articulación con un plan de ordenamiento territorial y uso del suelo del borde costero y con un plan integral de desarrollo urbano, que por otra parte no existen.
- Falta de participación ciudadana; concepto que parece bueno para un “presupuestito participativo” en el que los vecinos deciden en qué invertir $ 25.000, pero parece ser un delirio de opositores empedernidos cuando hay que decidir en qué se invierten 100 millones de pesos.
- Falta de información pública.
- Falta de análisis de costo – beneficio que justifiquen la inversión y el carácter de la obra.
- Falta de criterios de planificación para determinar el programa de necesidades, evaluando racionalmente distintas alternativas.
- Inadecuado sistema de definición del diseño del proyecto, vinculado a la licitación de la construcción de la obra y descartando la alternativa de los concursos.
- Falta de consideración por parte de los proyectistas de la isla como un todo, y del impacto mutuo entre la isla y la ciudad al concretar la vinculación física.
- Falta de consideración del carácter de área natural protegida de la isla del puerto.
- Absoluta indefinición del impacto de la obra sobre el sector Sur de la isla, aguas abajo del puente.
- Falta de definición de un marco normativo de regulación del uso del suelo en el ámbito de la isla, sobre todo en las áreas no ocupadas por la traza del proyecto.
- Falta de un plan de gestión ambiental para el conjunto de la isla, incluyendo al menos la protección de la flora y la fauna, la gestión integral de los residuos, el servicio de agua potable y saneamiento, etc.
- Falta de claridad sobre los criterios a utilizar para expropiar tierras.
Las consecuencias de todas estas falencias están a la vista. Ha sido el propio gobierno, con sus errores y sus caprichos, con su tozudez y sus silencios, el que ha fogoneado las sospechas y las suspicacias. Ha sido el propio gobierno el que se ha empecinado en ponerse a sí mismo palos en la rueda para avanzar en este proyecto. Por eso, hoy en vez de tener un proyecto legitimado por la participación social y avalado por la fundamentación técnica de todas las disciplinas involucradas, tiene un proyecto rengo, con un programa de necesidades inadecuado, diseñado ignorando variables fundamentales, sospechado y criticado por algunos y apoyado a ciegas por otros, sólo porque a caballo regalado no se le miran los dientes, porque hay que dejarse de embromar, porque los arquitectos también se oponían a la torre de los bioquímicos (y tenían razón, pero ese es otro tema…), y porque los poderes ejecutivos están para eso, para ejecutar.
Hoy el proyecto adolece de varios y graves problemas:
- Por decisión de la Secretaría de Medio Ambiente, la certificación ambiental otorgada, imprescindible para el avance del financiamiento, está vinculada a la necesidad de expropiar la totalidad del territorio isleño. Las dudas que surgen al respecto son enormes; la provincia está dispuesta a invertir lo que hay que invertir para transformar a toda la isla en una verdadera área natural protegida? Será factible que el Estado provincial o municipal, que no puede siquiera controlar los mini basurales en la ciudad, controle y administre cientos de hectáreas en una isla?
- El proyecto, tal como surge del programa de necesidades adoptado, también despierta muchas dudas: qué sentido tiene edificar un portal de acceso de dudosa impronta historicista que no tiene ninguna función? Qué sentido tiene un museo y una sala de exposiciones en medio de una isla, por añadidura declarada área natural protegida? Es razonable plantear el camino y la costanera con la traza y la cota adoptada por los proyectistas? No se evaluaron otras alternativas, tanto de cota como de traza, con sus pros y sus contras? Qué criterios se utilizaron para adoptar finalmente el diseño desarrollado? Por qué se descartó que el camino avance hacia el sector sur de la isla? 100 millones de pesos para lograr sólo 500 metros de playas no parece ser una ecuación razonable; no se analizaron alternativas de una extensión mayor de playas, en base a qué criterios se dimensionaron y se ubicaron las playas?
- No se previó una adecuada vinculación del proyecto en sí mismo con el resto del territorio de la isla. Si se lo diseñó pensando sólo en una expropiación parcial, qué se pensó que puede pasar en el resto de las parcelas, en manos de privados?
- No está adecuadamente prevista la adecuación del proyecto a la legislación ambiental vigente.
A esta altura de las circunstancias, con un debate obnubilado y distorsionado por la propia impericia del gobierno provincial y municipal, con un contrato firmado, es el propio gobierno el que ha generado obstáculos para revisar algunos criterios y volver sobre algunos pasos erróneos. De todos modos, como un aporte constructivo, planteo algunas ideas preliminares, que, de ser convocado, con mucho gusto me comprometo a profundizar ante las autoridades competentes:
- La Municipalidad de Concepción del Uruguay y la Provincia de Entre Ríos deberían firmar un convenio tendiente a la conformación de una Unidad de Planificación y Gestión, encargada de revertir la desconexión hasta ahora existente entre municipio y provincia, y entre las diversas oficinas provinciales entre sí. Esta Unidad de Planificación y Gestión debiera ser un organismo ágil y no burocrático, encargado sólo de articular acciones entre diversos organismos, que no perderían sus propias competencias administrativas. Podría convocarse a los colegios profesionales y a las universidades con asiento en la ciudad a formar parte de esta oficina, que a su vez debería convocar a diversas organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar. La Unidad de Planificación y Gestión debiera divulgar rápida y ampliamente toda la información que se genere en torno al proyecto.
- La Unidad de Planificación y Gestión debiera convocar en un plazo perentorio a un concurso nacional para elaborar por parte de equipos interdisciplinarios un plan maestro de ordenamiento territorial del borde costero de Concepción del Uruguay, desde Paso Vera hasta la desembocadura del Arroyo de la China , y desde el Río Uruguay hasta el riacho Itapé y el Arroyo Molino, priorizando el libre acceso del público a las zonas ribereñas (hay un antecedente muy valioso en San Fernando, Provincia de Buenos Aires). Este plan de ordenamiento territorial debería incluir normas de uso del suelo y un conjunto de programas y proyectos, que podrían ir concretándose luego en el mediano y largo plazo de manera coherente. Este plan debiera a su vez articularse con la reformulación o actualización del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay.
- En línea con el punto anterior, la Unidad de Planificación y Gestión debiera convocar a un concurso nacional de ideas y anteproyectos para dotar a la ciudad de un frente costero sobre el río Uruguay en la Isla del Puerto, respetando el monto máximo del presupuesto de la obra contratada. Las bases del concurso debieran contar con un programa de necesidades que surja de una instancia rápida de planificación participativa. Si se me convocara a participar de esa instancia, yo diría esquemáticamente: menos portal de acceso (para eso está el Palacio) y “museos” (para eso está el centro de la ciudad) y más costanera, más playas, y más área natural protegida en serio. El diseño y la gestión de las playas deberían cumplir las normas más exigentes en materia de calidad ambiental. El camino costero debería unir los dos extremos, Norte y Sur de la Isla , para dar acceso de manera ordenada a todas las parcelas. Debería incluirse taxativamente un plan de manejo ambiental, incluyendo la infraestructura de agua potable y saneamiento y la adecuada gestión integral de los residuos domiciliarios que allí se generen; así como el equipamiento necesario para la gestión de la preservación del ambiente (puestos para guardaparques, instalaciones para control de calidad del agua y el aire, etc.)
- En consonancia con lo anterior, la Unidad de Planificación y Gestión debiera proponer una normativa específica de uso del suelo para el conjunto del territorio de la isla, que debiera luego transformarse en ordenanza y en ley provincial; teniendo en cuenta el carácter de área natural protegida de la isla. En este sentido, quizás convenga revisar el criterio de expropiación total, por el de expropiación parcial, limitada a lo necesario para el camino que une el puente con el otro lado de la isla, y una franja costera sobre el brazo de la China para permitir la costanera. Para evitar el peligro de la especulación inmobiliaria, y para impedir la apropiación por parte de privados de la plusvalía o renta extraordinaria que se generaría como consecuencia de la inversión pública se debería regular de manera estricta el uso del suelo (prohibiendo refular por encima de determinada cota, prohibiendo desmontar, prohibiendo la introducción de especies exóticas, prohibiendo determinado tipo de construcciones y materiales, limitando alturas, regulando el FOS y el FOT, limitando usos a actividades como el ecoturismo, producciones orgánicas, etc.), y a su vez imponiendo un gravamen razonable a modo de contribución por mejoras en compensación parcial por el costo de algunos de los componentes del proyecto; por ejemplo el camino costero al sur del puente; además de cobrar en el futuro alguna tasa por los servicios públicos prestados destinada a solventar el cuidado del ambiente. Expropiar y pasar al ámbito del Estado los inmuebles no siempre es garantía de protección y de preservación del ambiente; por el contrario, muchas experiencias exitosas de cuidado del patrimonio tanto natural como cultural, en Europa y América Latina, pasan por adecuadas articulaciones entre una estricta regulación y controles por parte del Estado y gestión por parte de privados.
No escribo estas líneas para poner palos en la rueda ni para oponerme a todo porque sí. Sólo me motiva la obligación que siento de contribuir, serenamente, con al menos algunas ideas a un debate que debió haberse dado hace rato, que no es mi responsabilidad convocar, que reclamé en la medida de mis posibilidades, y que no puede reducirse a la absurda opción entre aplausos incondicionales, acríticos y alcahuetes u oposiciones cerradas e irreductibles. Escribo estas líneas con respeto, y de buena fe, apostando a que todos opinemos de la misma forma, sin descalificarnos a priori.
Si se me convoca a participar en serio y no meramente a escuchar lo que otros decidieron previamente, allí estaré, como he estado siempre, cada vez que se me convocó. De lo contrario, cada uno hará lo que crea más conveniente, pero seguramente, se haga o no se haga la obra, habremos perdido una oportunidad histórica.-
Foto: Valentín Bisogni

Liebig y la gestión del patrimonio

Por Adriana Ortea
En cuestiones de patrimonio arquitectónico es conocido por todos (nuestro país y la ciudad de Buenos Aires son ejemplo de ello) que mas que una ley de protección es más eficiente una buena gestión para el patrimonio. Esto es aplicable a Pueblo Liebig.
La desprotección de Liebig no es por falta de legislación, hay antecedentes, y sólo habría que aplicar las normas existentes:
1- Decreto 6676/03 de Poder Ejecutivo; por el cual “todo propietario debe pedir autorización para ejecutar una obra…”
2- Art. 22 y 26 de la nueva Constitución Provincial: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común.” “La cultura es un derecho fundamental” y en el mismo reconoce como acción del estado provincial: “la protección, preservación y divulgación de los bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico”, así como “el reconocimiento a la identidad y respeto a la diversidad cultural”.
3- Ley 9686/06 de bienes arqueológicos: “es Patrimonio Arqueológico todo espacio, real o potencial, descubierto o por descubrir, ubicado en la superficie o subsuelo terrestre, lecho o subsuelo bajo aguas jurisdiccionales provinciales, donde existan restos o cosas muebles y/o inmuebles y/o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron la Provincia desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Entiéndase por el término “épocas históricas recientes” a los últimos cien (100) años, contados a partir de la fecha de sucedidos los hechos o los actos de que se trate.
Multas: 10 a 30% del valor del bien o 10 a 100 salarios mínimos.
4- Art. 41 y 75 de la Constitución Nacional : “Todos los habitantes del país gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, al mismo tiempo que tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección tanto de este derecho, como el de los derechos a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación del patrimonio cultural y natural y de la diversidad biológica.” “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos minímos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas…”
El desgüace iniciado en septiembre de 2008 por la sociedad propietaria de la ex Fábrica Colón, Fri.co.sa. cuyo director es Juan Carlos Vizental y hoy se denomina Fortitudo S.A.; fue paralizado en enero de 2009 a causa de las denuncias iniciadas en noviembre.
Este desgüace y demolición encubierta pudo haberse detenido a poco de iniciarse aplicando las normas existentes, si las autoridades locales y/o provinciales y sus abogados asesores hubieran querido intervenir sobre la propiedad privada de Fri.co.sa. Se pudo recurrir a un amparo o medida cautelar: “por afectar a derechos constitucionales colectivos” (art. 43 de la Constitución Nacional ), si hubiera habido voluntad política o civil.
Cuando sea necesario se puede recurrir al Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados, aprobado el 18 de febrero, declarando de Interés Cultural, Histórico y Paisajístico para la Provincia de Entre Ríos el área industrial del establecimiento frigorífico Liebig, para detener cualquier nuevo movimiento del actual propietario o futuro del histórico predio fabril.
El proyecto de Ley de declaración de Patrimonio Histórico-cultural de la Provincia para la localidad de Pueblo Liebig, presentado por el Dr. Oscar Arlettaz y con media sanción de la Cámara de Senadores, requiere aún la aprobación de la Cámara de Diputados y su posterior reglamentación por el Poder Ejecutivo.
En los términos presentados y en lo publicado en los medios periodísticos el proyecto de ley tiene errores y vicios para su instrumentación:
1- La enumeración de construcciones a proteger por la declaración no hace una referencia específica o clara hacia la ex Fábrica Colón (¡?) e incluye toda construcción existente en el radio urbano de Pueblo Liebig (¡?) (artículo 2)
¿Cúal es el denominado radio urbano de Pueblo Liebig?
¿Cuáles son los límites de la protección patrimonial?
¿Toda construcción existente en Pueblo Liebig es histórica?
¿Es lo mismo haber conservado las fachadas o haberlas modificados?
El balneario mencionado, no tiene obras patrimoniales (salvo el muelle de pasajeros) y el Club de Pesca, en el año 2009 apenas cumple 50 años.
¿Sus 84 edificaciones, en su mayoría posteriores al 2001, son históricas?
2- Se prohíbe toda intervención en las edificaciones protegidas, en su estructura arquitectónica y morfológica. (Artículo 3 - inciso a). No puede evitar el desgüace porque ya terminó o fue detenido por la Sociedad Propietaria , el próximo paso será la demolición.
¿Quién ha hecho un registro de lo que quedó después del desarme?
¿Quién sabe qué bienes muebles y/o documentales dejaron o existen?
¿Quién conoce el estado de las construcciones industriales después de la demolición encubierta?
Para la implementación de una protección arquitectónica es necesario hacer un relevamiento arquitectónico del área patrimonial, lo existente y el estado de conservación, para su categorización y definición de los grados de protección.
3- No puede evitar la venta de la ex Fábrica Colón (mencionado por el senador en medios periodísticos) porque en la enumeración de prohibiciones sujetas a autorización no es mencionada la enajenación.
Toda Ley de Patrimonio moderna (n°1227/04 de la Ciudad de Buenos Aires) otorga el derecho preferente de compra de todo bien patrimonial del dominio privado al Estado, sea este municipal, provincial o nacional.
4- “Tampoco podrán ser cambiados de destino dichos edificios” (art 3 –b)
¿Cuáles edificios? ¿Todos los edificios?
5- “Cualquier intervención que deba realizarse sobre ellos y que se vincule a las actividades enumeradas en los incisos a) y b) deberá contar con el asesoramiento técnico especializado y pertinente, debiendo el Poder Ejecutivo Provincial proveer del personal idóneo…” (Artículo 3 – inciso c)
Qué actividades enumeradas?… son acciones!!!
¿La autoridad de aplicación no es el área de Patrimonio de Cultura? ¿Contar con un asesor técnico? ¿El Poder Ejecutivo proveer el personal?????
¿Esto no es intervenir en las autonomías locales y en las competencias?
Pasamos del patrón inglés a víctimas del Sr. Vizental. ¿Hasta cuando continuaremos con la dependencia provincial? ¿No debemos apuntar a la capacitación de la comunidad local para los objetivos de conservación y desarrollo? ¿Ya tienen un arquitecto elegido?
6- “La administración, uso y gestión de los bienes afectados que pertenezcan al dominio público, quedará confiada a la Junta de Gobierno…”
¿Cuáles son los bienes afectados? ¿Afectados a qué?
¿Qué bienes pertenecerán al dominio público… y no es expreso en el proyecto?
La Junta de Gobierno no fue capaz de hacer cumplir el decreto n° 6676/03 declarando al pueblo como patrimonio cultural provincial y evitar el desgüace; no ha ejecutado las tareas de su competencia para reglamentar “las edificaciones según su uso y costumbre” (Ley de Juntas n° 7555, art. 11 - punto 2) - inciso a) y su modificación n° 9480); no ha conseguido dar forma institucional a un Museo Regional desde hace 10 años, utiliza el Centro de Interpretación como oficina de Turismo… ¿se le otorga la administración, uso y gestión de qué???
7- “Los titulares de bienes afectados deberán tomar los recaudos necesarios para la conservación… y consultar… cualquier cambio…informar deterioros, riesgo…”
¿Qué bienes?, no es claro en el proyecto. ¿La autoridad de aplicación no hará un relevamiento para conocer el estado previo de los bienes patrimoniales? ¿Quién se ocupara de las inspecciones? Esto, ya es evidencia de incumplimiento.
¿Cómo se estimula a una comunidad apática para la conservación? ¿Quién se hará cargo de los costos de obras? ¿Quién soluciona y paga los deterioros?
¿Esto no es interferir en la propiedad privada? Además de restringir, se debería prever incentivos o líneas de crédito, reglamentar exenciones tributarias y destinar fondos o recursos para la conservación del patrimonio.
8- Las multas previstas son severas para un propietario común, quien no va a demoler un chalet (800m2 de lote y 160m2cub, a una tasación de u$ 65.000) pero son irrisorias para el “gran propietario” o futuro inversor, quien podrá demoler la fábrica (117.331m2 de lote y 21.407m2 cubiertos y galpones, a una tasación de u$ 40 por m2 libre y u$ 200 la sup. cub.).
Los $500.000 mencionados como sanción máxima por destrucción total, representan el valor de 2 chalets (precios actualizados pretendidos por el propietario), por tanto son un “vuelto” para una posible y futura inversión inmobiliaria de u$10.000.000, a valores pretendidos para el predio fabril.
Los códigos edilicios son simples restricciones y deberán ser confeccionados para las nuevas construcciones con carácter de urgente. El F.O.T / F.O.S no prohíben sino reglamentan el grado de ocupación de suelo y altura a edificar. Esto no es comparable a una Ley de Patrimonio que limita el dominio.
En cuanto a la Ley de Bosques, desconozco su normativa. Me parece buena idea cobrar las multas en función a los m2 destruidos de patrimonio.
9- Se define como Órgano de Aplicación al Área Patrimonio Cultural y Ambiental de la Subsecretaría de Cultura, para la autorización de obra y cambio de destino.
En 2005, bajo la administración de Manuel Sánchez, se inició el trabajo hacia la protección del patrimonio de Liebig (1° festival de la Identidad y el Patrimonio) y no avanzó, para llegar en septiembre de 2008 al desarme, y no se frenó.
Sin ánimo de responsabilizar a las personas, quedó demostrado en los hechos recientes y en la práctica, la dificultad operativa de trabajar desde Paraná.
Es conveniente designar una Comisión para el Patrimonio en Liebig, que pueda responder a las inquietudes localmente y profesionalmente, acorde al tema.
Es pertinente recurrir al apoyo del Colegio de Arquitectos - Colón y/o Facultad de Arquitectura de Concepción del Uruguay, con el asesoramiento desde Cultura y Patrimonio de la provincia.
Es pertinente la participación de Ticcih-Argentina (Comité para la protección del patrimonio industrial) cuya directora es la arq. Laura Amarilla.
10- En cuanto a las sanciones económicas, el proyecto de ley no deja claro quien es el organismo y/o repartición local o provincial, competente para su recaudación.
Por tanto, es poco probable que pueda efectuarse su cobro y/o pago.
¿Si no se conoce el estado de las edificaciones qué y cómo se va a multar?
Tampoco define el destino futuro de los fondos a recaudar, que deberían reutilizarse en proyectos de conservación del patrimonio, a cargo del Estado.
11- “Los recursos que demande el cumplimiento de la ley… conforme con los programas y proyectos… por la Comisión de Lugares y Monumentos Históricos de Entre Ríos… entregar al Poder Ejecutivo los proyectos y programas…”
¿Qué recurso demandara si no especifica las funciones públicas?
¿De donde salio la Comisión …? ¿Qué programas y proyectos?
¿es competencia del Poder Ejecutivo?????
12- En los medios, el senador Arlettaz dijo: “Ahora corren peligro las viviendas”
¿A qué se refiere?
En referencia a lo patrimonial, las viviendas del barrio obrero están modificadas en un 90%, con agresiones más o menos importantes, a relevar y categorizar.
El barrio “inglés” está casi intacto por el cuidado de sus poseedores o cambios, ya históricos o evolutivos. (A excepción: obra iniciada en Eric Evans 260, propiedad del director del 2° Festival de la Identidad y el Patrimonio)
En referencia al requerimiento del propietario a los poseedores de “los chalets”: oferta de compra a valores “usureros” o desalojo, no se lee en el proyecto como es contemplado el tema. (Los afectados reales somos 18 familias, extensible a 10 flias en el Mess, 13 casas/lotes en Unidos y 84 casas en El Club de Pesca)
13- Toda Ley o Normativa de Protección al Patrimonio conlleva una restricción al dominio y al derecho a la propiedad; por eso es compleja su reglamentación e implementación, para no caer en la práctica en letra muerta.
Un proyecto de ley basado únicamente, en restricciones y/o sanciones, no es equilibrado ni equitativo y temo actuará como un “chaleco de fuerzas”, empeorando la situación.
El propietario del predio fabril, o el potencial inversor, podrá animarse a una demolición y pagar la multa que corresponda; dinero fácilmente recuperable.
Los vecinos, desde estos anuncios, se preguntan si tienen que pedir autorización hasta para pintar y de que color. Otros, me preguntaron si tenían que parar el cerramiento de una galería posterior donde querían vender artesanías.
No menciona la posibilidad de expropiación, por utilidad pública, en caso de no acordar con la Sociedad Propietaria de la mayoría de los bienes patrimoniales industriales y de las mayores superficies, para su correcta conservación.
No menciona desgravaciones para premiar a los propietarios que conservan el patrimonio, no establece estímulos para recuperar “patrimonio perdido”, no ofrece créditos para mejoras y cuidados, no destina recursos para la recuperación de espacios públicos, no crea un fondo para la puesta en valor del patrimonio.
El proyecto de Ley de Patrimonio Histórico-Cultural de Pueblo Liebig arroja:
- indefinición de los bienes inmuebles patrimoniales y su contexto,
- indefinición de los límites reales y concretos en el territorio,
- imprecisión del área histórica susceptible de la protección,
- inclusión de espacios o construcciones no relevantes para el patrimonio,
- exclusión del patrimonio intangible y viviente, archivos de la empresa, bibliotecas, planos documentales, objetos, etc.
- no mención de zonas arqueológicas potenciales de testimonios,
- no mención al patrimonio paisajístico en peligro por las inversiones inmobiliarias: costa del río y selva en galería, barranca y bañado hacia el arroyo Perucho Verne, reserva de futuros espacios públicos ( la Manga )
Todos estos elementos, y los arriba mencionados, desvirtúan el valor de la declaratoria presentada; recomendándose un estudio más exhaustivo y una revisión de la misma.
Como ha manifestado el mismo senador: “las cosas serias no se pueden hacer de forma rápida y tienen que ser duraderas”.
¿Porque apurar esta ley de declaración de patrimonio?
Si el pasado industrial de La Liebig llegó hasta hoy es porque fue construido para perdurar. No continuó el trabajo, ahora continúa como bien patrimonial.
Es nuestro deber conservar este legado para las generaciones futuras como Paisaje Cultural de la Carne.
arq. Adriana Ortea

Patrimonio de Liebig: de la desprotección a tres proyectos de declaración

Por Adriana Ortea
El martes 17, por la noche, me enteré de la declaración de “interés cultural, histórico y paisajístico para la Provincia de Entre Ríos del área industrial del establecimiento frigorífico Liebig”; proyecto del diputado Jorge Kerz en la Cámara de Diputados.
El miércoles 18, por la mañana, leí la media sanción de la Cámara de Senadores para el proyecto del senador Oscar Arlettaz, declarando “patrimonio histórico-cultural de la Provincia a la localidad de Pueblo Liebig”.
El jueves 19, por la tarde, Guillermo Lema, asesor de la diputada nacional María de los Ángeles Petit me confirmó el proyecto de ley declarando “Liebig, lugar histórico”.
El lunes 23, Américo Schvartzman, quien trabaja con el diputado nacional Lisandro Viale, me remitió su proyecto de ley: “Liebig, bien de interés histórico”.
Ambos, con el marco de la Comisión de Museos y Monumentos Históricos Nacionales, serán presentados este lunes, en el comienzo de las sesiones legislativas.
¡Enhorabuena, para poner al patrimonio en primera plana! ¡Es un avance real para poder proteger lo poco que va quedando del Liebig industrial, pero a no ilusionarse demasiado!
¿Como se penalizará a la sociedad propietaria por el patrimonio fabril mueble e inmueble destruido y vendido (protegido como Patrimonio Cultural Provincial, por decreto del Poder Ejecutivo n° 6676/03) y se compensará a la comunidad de Pueblo Liebig, víctima por el patrimonio perdido de sus históricas máquinas?
¿Cómo interpreta la Sociedad Fortituto S.A. el “valor” de Liebig como pueblo histórico, cuando vendió su patrimonio industrial y descuida la conservación de su “Casa de Visitas”?
¿Cómo pueden explicar los representantes legales del propietario ausente la valorización de la propiedad como ciudad turística cuando no hicieron nada por un desarrollo turístico?
Al inicio de la denuncia: “El patrimonio industrial vale su peso” (4 de noviembre de 2008), pensaba que el patrimonio de Pueblo Liebig no estaba suficientemente protegido y el camino recorrido me demostró que la falta de conservación es una falta de voluntades.
Es una responsabilidad de todos nosotros: autoridades locales, provinciales y nacionales; la comunidad local y regional; cada propietario, los pequeños y los grandes empresarios, cada uno en su justa medida; y me incluyo, porque no pude frenar los “atropellos demoledores”.
El patrimonio no se conserva con una ley con sanciones, vivimos en un país transgresor de normas, aún con multas y, en procesos inflacionarios al poco tiempo no cuestan nada.
Con ley o sin ella, un buen negocio siempre se “arregla” en detrimento del patrimonio cultural y natural. Para ejemplo: en Colón, tenemos el nuevo Hotel Plaza de la organización Delassoie; en San José, Campodónico proyecta un “dique seco” sobre el Perucho Verne; en tierras de Pueblo Liebig, los españoles de Iberpapel drenaron el humedal del “2 de agosto” para sembrar soja; en Ubajay se derrumbaron los vestigios de la sinagoga; en Victoria, el casco histórico es patrimonio histórico nacional y no se ha conservado; etc.
El patrimonio es un problema de educación y la conservación del patrimonio industrial de Liebig está relacionada con la reutilización de los obsoletos edificios fabriles y su paisaje.
El país está lleno de leyes, decretos y ordenanzas de "protección del patrimonio" que en la práctica son letra muerta. Es muy difícil pelear contra el derecho de "propiedad privada" y ponerle límites ciertos, salvo que haya expropiación, lo que ocurre en muy pocos casos.
Para todo esto, hace falta una fuerte conciencia ciudadana y una buena voluntad política.
La resolución aprobada en Diputados, es una herramienta para accionar un no innovar, si se animan a una demolición fabril. Pero también, hay que trabajar: ¿Qué haremos cuando Liebig sea declarado “Bien de Interés Histórico Nacional”? Es necesaria una transparente gestión para el patrimonio, entre intereses privados y políticas públicas, en acciones reales para la conservación y puesta en valor del pueblo industrial de Liebig, de cara al desarrollo.
Adriana Ortea es arquitecta.-